SCJN ratifica suspensión contra auditorías estatales y proceso de revocación en Acapulco

Ciudad de México, 14 de enero de 2026.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este miércoles las medidas cautelares que protegen al municipio de Acapulco y a su presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, frente a procedimientos relacionados con un intento de revocación de mandato y auditorías locales vinculadas a la revisión de recursos federales.

El Pleno declaró infundados los recursos de reclamación presentados por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y el Congreso local, que buscaban revertir la admisión de las controversias constitucionales 174/2025 y 176/2025, así como anular las suspensiones otorgadas previamente.

En su resolución, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía argumentó que existe “apariencia del buen derecho y peligro en la demora”, debido a que las responsabilidades señaladas derivan de la fiscalización de recursos federales, entre ellos aportaciones del FISMDF, cuya revisión corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no a instancias estatales.

Las controversias fueron promovidas por el municipio, por conducto del síndico Miguel Jaimes Ramos, con el propósito de salvaguardar la autonomía financiera de Acapulco y asegurar que la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, particularmente de fondos del Ramo 33 como el FAISMUN, se realice conforme al marco constitucional y bajo competencia federal.

De manera paralela, el Congreso estatal también impugnó la admisión de la controversia 176/2025, relacionada con un procedimiento de revocación impulsado por el ciudadano Ramiro Solorio. La Corte ratificó la suspensión, al subrayar que la medida se orienta a preservar los derechos constitucionales del municipio y su presidencia, y no a otorgar beneficios personales.

Con esta determinación, la SCJN reiteró que los procedimientos de revisión y auditoría sobre recursos federales deben realizarse por la autoridad competente a nivel federal, reafirmando los límites de intervención de las autoridades locales en este tipo de fondos.