Opacidad y debilitamiento de controles aceleraron la caída de ConCreces

La cancelación de la licencia para operar como unión de crédito en abril de 2025 puso fin a la trayectoria de ConCreces y dejó al descubierto un quiebre entre su etapa de estabilidad histórica y la administración que asumió el control en 2022. Desde entonces, surgieron acusaciones hacia gestiones anteriores que, de acuerdo con documentación interna, no coincidirían con la situación financiera previa al relevo directivo.

Fundada en 1973 como Unión de Crédito Industrial y Comercial de Oaxaca (UCICO), la institución fue durante décadas un referente regional en financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Bajo la conducción de Juan José Gutiérrez Chapa consolidó una reputación de disciplina financiera, transparencia y manejo prudente de liquidez.

El punto de inflexión se produjo con la llegada de nuevos accionistas en 2022. En los años siguientes se suspendieron auditorías externas independientes, Fitch Ratings retiró su calificación y la información financiera dejó de difundirse con regularidad entre los socios. Este cambio en las prácticas de supervisión marcó un contraste evidente con la administración previa.

Ante el deterioro, Gutiérrez Chapa aportó más de 74 millones de pesos de recursos propios para fortalecer la capitalización tras el impacto de la pandemia. Sin embargo, la situación continuó agravándose. Aunque se constituyó un fideicomiso para recuperar cartera vencida y se logró rescatar más de la mitad de los activos transferidos, la creación posterior de un nuevo mecanismo sin detalles públicos claros incrementó la incertidumbre entre los asociados.

La decisión final de la autoridad financiera cerró así casi cinco décadas de operación. El caso de ConCreces ejemplifica cómo la pérdida de controles internos, transparencia y gobierno corporativo puede precipitar el fin de una institución con larga trayectoria y reconocimiento regional.